Comunicado de Organizaciones en Chiapas ante Visita del Relator de la ONU sobre tortura

COMUNICADO DE ORGANIZACIONES CHIAPANECAS ANTE LA VISITA DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LA TORTURA DE NACIONES UNIDAS

• La tortura sigue siendo un método de investigación criminal con la intención de obtener pruebas ilícitas, negándose a las personas su derecho a la presunción inocencia.
• Las personas mexicanas y nacionales son víctimas de tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y tortura, sin que se tenga posibilidad a la justicia.

TAPACHULA, CHIAPAS A 30 DE ABRIL DEL 2014

El día de ayer, 29 de abril, en las instalaciones del Centro de Derechos  Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., se reunieron organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del estado de Chiapas[1] con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura (ONU) Sr. Juan E. Méndez. En esta reunión se expusieron algunas preocupaciones respecto a casos de tortura documentados por estas organizaciones, en los que los principales responsables y perpetradores son elementos de Cuerpos de Seguridad de distintos niveles y corporaciones.

Los casos presentados víctimas de diversas fuerzas de seguridad pública fueron los  de los señores/as:

Gabriel Domínguez  Escobedo torturado y muerto bajo custodia de  10  policías municipales y 3 agentes judiciales del municipio de Reforma, Chiapas encabezado por Esgar Benjamín Estrada Cervantes, Ministerio Público de Bochil, siete de sus agresores se encuentran en libertad, tres prófugos y tres detenidos.

Ananias Laparra Martínez, detenido en el año 1999, y llevado al palacio de “Los zopilotes” en donde fue torturado,  y encarcelado injustamente por 12 años en el CERSS 3, de Tapachula. Su caso  fue llevado ante la CIDH, solo así el gobierno del estado inició el dialogo, pero las secuelas que le provocó la tortura son irremediables, sin que hasta el momento el estado le haya resarcido. Miguel Ángel Rosette García, torturado por elementos de la Procuraduría General de Justicia,  para obligarlo a culparse de un robo con violencia, hasta el momento se espera la recomendación que debe emitir el Consejo  Estatal de Derechos Humanos a la Procuraduría del Estado de Chiapas,  la cual debe de ir apegada al proyecto de vida digna e integral contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Niños, niñas y adolescentes centroamericanos dedicados al comercio informal que son víctimas constantes de inspectores municipales dependientes al Ayuntamiento de Tapachula, así como de que es población que es explotada sexualmente y víctimas de abuso de autoridad.

Finalmente, también a través del testimonio de Gustavo H. (Honduras) y Héctor H. (Guatemala) se relató las condiciones de vida en la Estación Migratoria Siglo XXI dependiente del INM, que consideramos hechos constitutivos  a la tortura y malos tratos crueles, inhumanos y degradantes como es la incertidumbre sobre su proceso, atención médica deficiente y dilatada, castigos en lugar de medidas disciplinarias  en celdas de castigo y traslados injustificados de una estación migratoria a otra. Héctor H. de Guatemala fue incluso trasladado a un hospital psiquiátrico de Tuxtla Gutiérrez bajo la consideración de que era esquizofrénico, cuando su condición médica era de estrés postraumático.

Se presentaron también otros casos de migrantes y solicitantes de refugio, actualmente detenidos,  como la señora Marina D., sus hijos menores de edad y Carlos B. (El Salvador) y Pedro Pablo Ch. (Nicaragua); quienes llevan entre 8 y 10 meses detenidos en este centro de detención por haber recurrido a la justicia por la negativa de su solicitud de refugio. En todo este tiempo, han sufrido acoso y hostigamiento de los agentes del INM con múltiples maltratos para que desistan de ejercer sus derechos.

Las violaciones a derechos humanos que se presentan son difíciles de detectar, ya que participan diversas autoridades, más en este momento en que se está viviendo un proceso de militarización del estado y blindaje de frontera sur. Frente a estos hechos, la impunidad sobresale siendo muy difícil exigir algún tipo de responsabilidad por las graves dificultades que tienen las personas nacionales y migrantes para acceder a la Justicia y la arbitrariedad y actuaciones desproporcionadas cometidas por policías de todos los órdenes del Estado.

Ante estas realidades documentadas, exigimos:

• Que el gobierno federal y estatal lleven ante la justicia a personas responsables de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y establezca la reparación integral del daño causado por el mal gobierno a víctimas y familiares, independientemente de su nacionalidad y acabando así con la impunidad existente.
• Que las investigaciones derivadas en tortura no sigan siendo calificadas como delitos menores, simples lesiones o abuso de autoridad, que se traducen únicamente en sanciones administrativas y que no permiten visibilizar y responsabilizar al Estado y su patrón sistemático de represión.
• El Estado mexicano debe garantizar la supresión total de la figura del arraigo, tanto en la legislación federal como en la práctica, garantizando los derechos a la vida y el derecho a la integridad de las personas dentro de cualquier establecimiento de detención municipales, estatales y federales.
• Que se acorten los plazos entre la detención y la presentación ante una autoridad judicial, momento en el que se producen la mayoría de los actos de tortura.
• Que se suministre a los familiares y representantes legales de las personas detenidas, información clara sobre el paradero de su familiar, e su situación física, mental y legal.
• Acabar con la corrupción y colusión imperante en Chiapas entre algunas autoridades y traficantes, que permiten que siga dándose con impunidad la explotación laboral y/o sexual de niños y niñas centroamericanas y mexicanas (particularmente indígenas) en las calles de  las ciudades del estado.
• La desvinculación del tema migratorio de la política de seguridad nacional, eliminándose el clima actual de represión, criminalización y detención de personas migrantes que viven o transitan por el sur del país.
• Se realicen llamamientos urgentes desde organismos internacionales para terminar con la detención de migrantes y solicitantes de refugio en Estaciones Migratorias, en especial de quienes son privados de su libertad de manera indefinida por ejercer sus derechos.

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[1] Albergue Todo por Ellos A.C.; Centro de Derechos Humanos  Fray Bartolomé de  las Casas; Centro de Dignificación  Humana A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa.