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Detetención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos en Puebla

Fecha: 09/04/2014 Como “Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C., hemos tenido conocimiento de los siguientes hechos preocupantes:  El día 6 de abril del 2014 a las 12 PM fue detenida por policías estatales de Puebla, la Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Velez de 60 años de edad. La detención se realizó al salir de una reunión de Comisariados Ejidales en San José Teruel, municipio de Tepeojuma, Puebla. La detención se realizó de manera arbitraria ya que los testigos señalan que los policías no mostraron orden de aprehensión alguna, no se identificaron e incluso amenazaron con armas de fuego a quienes se encontraban cerca para evitar que se opusieran a dicha detención. Inmediatamente después de su detención, la Defensora de Derechos Humanos fue trasladada al Centro de Readaptación Social de Atlixco, con el proceso 121/2014 bajo los cargos de robo agravado y obstrucción de obra pública. Posteriormente, el día 7 de abril del 2014, aproximadamente a las 12 PM, tras haber interpuesto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una queja por las violaciones a los Derechos Humanos cometidos en el caso de la detención arbitraria de Enedina Rosas Vélez, fue detenido el Defensor de Derechos Humanos Juan Carlos Flores Solís, quién iba acompañado por una comisión de quince personas, habitantes de los pueblos de San Felipe Xonacayucan y San Juan Amecac. Dicha comisión fue interceptada por cuatro autos blancos (sin placas, ni logos de alguna institución), de los cuales bajaron doce hombres vestidos de civiles y de manera directa y violenta, sometieron al Defensor y lo subieron a uno de los autos sin señalar los motivos de la detención. A las 6 PM uno de los compañeros del Frente recibió una llamada desde el número del celular de Juan Carlos. Un hombre no identificado habló y avisó que el Defensor de Derechos Humanos estaba detenido en la Procuraduría General de Justicia de Puebla y que sería inmediatamente trasladado a un Centro de Readaptación Social, posteriormente colgó sin dar más información. Alrededor de las 7 PM,  Juan Carlos fue ubicado en el Centro de Readaptación Social de Cholula ubicado en la calle de Miguel Hidalgo #701, Centro, Cholula de Rivadavia, San Pedro Cholula Puebla. A las 6 AM del 8 de abril del 2014, Juan Carlos fue puesto a disposición del juez penal de Cholula bajo el proceso 127/2012. Los delitos que se le imputan hasta el momento son: Motín, despojo, extorsión y delitos contra la infraestructura hidráulica.   Antecedentes Ambas personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2006han luchado junto con las comunidades nahuas, quienes son las principales afectadas, contra la cancelación del gasoducto Morelos que es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual comenzó a ser impulsado desde ese mismo año, a través de diversas acciones cómo foros, plantones, cierres de carretera, movilizaciones, etc. El 11 de agosto del 2013 en asamblea ejidal la comunidad de San Felipe Xonacayucan, rechazó en un acta de asamblea el paso del gasoducto por su comunidad. El 7 de marzo del2014, aún con el documento oficial del ejido, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lasempresas italiana y españolas, constructoras del gasoducto,Bonatti, Elecnor y Enagas respectivamente, llegaron a territorio de San Felipe con sus trabajadores y maquinaria para emprender la obra, hecho que indignó al pueblo y que llevó a expulsar tanto a la maquinaria como a los trabajadores del pueblo. Cabe mencionar que la construcción del gasoducto no había sido autorizada en dicha fecha por el municipio de Atlixco, por lo que las obras se estaban realizando de manera ilegal. El día viernes 28 de marzo del 2014, el gobierno municipal de Atlixco, encabezado por José Luis Galeazzi,a pesar del rechazo de las comunidades aprobó la licencia de uso de suelo para permitir el paso del gasoducto, aun cuando una comisión de las comunidades entregó sendo documento al Ayuntamiento con los documentos oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el Estudio de Riesgo de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otros documentos oficiales donde se demuestra la inviabilidad del trazo en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.