Organismos pro DH se pronuncian contra posible detención de activista
Organismos pro DH se pronuncian contra posible detención de activista
La Red hizo un llamdo urgente para impedir que Nataniel Hernández Núñez vuelva a la cárcel, pues se le han imputado “delitos fabricados”.
Hermann Bellinghausen, enviado
Publicado: 19/03/2011 17:13
San Cristóbal de las Casas, Chis. Las 72 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los derechos para Todas y Todos, con actividad en 24 estados de la República, se pronunció hoy ante el riesgo de detención de Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, en la costa de Chiapas.
La Red, que realiza este fin de semana su asamblea nacional en esta ciudad, señaló que hoy sábado vence el término constitucional dentro de la causa penal 33-2011, por el delito de ataques a las vías de comunicación del fuero federal, en contra de Hernández Núñez. De decretarse el auto de formal prisión, el defensor podría enfrentará el proceso penal en libertad. “Sin embargo, también se le instruyó proceso por el delito de extorsión, considerado grave en el fuero común y sin derecho a fianza, con la intención de judicializar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa”.
En su llamado a una acción urgente para impedir que Hernández Núñez vuelva a la cárcel, como ya temporalmente lo fue en dos ocasiones en las semanas recientes, y recluido en los penales de El Amate y Tapachula, la Red apunta que se le han imputado, “delitos fabricados”, y persiste el riesgo de que las autoridades judiciales lo encarcelen y logren impedir que siga con su trabajo.
Ante ello, la Red exige al Estado Mexicano “que se decrete el auto de libertad por la falta de elementos en contra del director del CDH-Digna Ochoa, así como José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, miembros del mismo centro”.
Dirigiéndose al presidente Felipe Calderón, le solicita, “con base al artículo 8 de la Constitución que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación”.
La Red nacional también pide “medidas concretas y urgentes” para implementar la Declaración de Defensores de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de estos derechos. Y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, “con base en el marco de sus atribuciones, que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas”.
La Red hizo un llamdo urgente para impedir que Nataniel Hernández Núñez vuelva a la cárcel, pues se le han imputado “delitos fabricados”.
Hermann Bellinghausen, enviado
Publicado: 19/03/2011 17:13
San Cristóbal de las Casas, Chis. Las 72 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los derechos para Todas y Todos, con actividad en 24 estados de la República, se pronunció hoy ante el riesgo de detención de Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, en la costa de Chiapas.
La Red, que realiza este fin de semana su asamblea nacional en esta ciudad, señaló que hoy sábado vence el término constitucional dentro de la causa penal 33-2011, por el delito de ataques a las vías de comunicación del fuero federal, en contra de Hernández Núñez. De decretarse el auto de formal prisión, el defensor podría enfrentará el proceso penal en libertad. “Sin embargo, también se le instruyó proceso por el delito de extorsión, considerado grave en el fuero común y sin derecho a fianza, con la intención de judicializar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa”.
En su llamado a una acción urgente para impedir que Hernández Núñez vuelva a la cárcel, como ya temporalmente lo fue en dos ocasiones en las semanas recientes, y recluido en los penales de El Amate y Tapachula, la Red apunta que se le han imputado, “delitos fabricados”, y persiste el riesgo de que las autoridades judiciales lo encarcelen y logren impedir que siga con su trabajo.
Ante ello, la Red exige al Estado Mexicano “que se decrete el auto de libertad por la falta de elementos en contra del director del CDH-Digna Ochoa, así como José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, miembros del mismo centro”.
Dirigiéndose al presidente Felipe Calderón, le solicita, “con base al artículo 8 de la Constitución que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación”.
La Red nacional también pide “medidas concretas y urgentes” para implementar la Declaración de Defensores de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de estos derechos. Y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, “con base en el marco de sus atribuciones, que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas”.
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